La Cámara de Diputados y Diputadas ha dado un paso decisivo al aprobar una serie de modificaciones a la Ley de Migración y Extranjería. Con más de 56 artículos reformados, la nueva normativa busca perfeccionar las herramientas del Estado para garantizar una migración segura, ordenada y regular, con un fuerte enfoque en la seguridad pública y la convivencia ciudadana.

El proyecto, que recibió un respaldo transversal y ahora avanza al Senado, otorga nuevas y más amplias facultades al Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG).

Expulsiones y Seguridad Pública

Uno de los pilares de la reforma es la ampliación de las causales de expulsión del país. Esta medida aplicará a personas extranjeras involucradas en delitos graves que atentan contra la seguridad y el orden público. Entre los delitos que ahora podrán justificar una expulsión se encuentran:

• Violencia intrafamiliar (VIF)
• Explotación sexual
• Sicariato
• Uso y porte ilegal de armas

Esta actualización tiene como objetivo impedir que personas con antecedentes penales graves puedan residir en Chile, fortaleciendo así la seguridad nacional.

Sanciones a la Inmigración Irregular

El proyecto establece fuertes sanciones para quienes fomenten o faciliten el ingreso irregular al país. Se pondrá especial atención en personas, empresas y medios de transporte que colaboren en el traslado de migrantes sin la documentación requerida desde zonas fronterizas.

• Para transportistas reincidentes, las sanciones serán aún más severas, incluyendo la posibilidad de incautar los vehículos y cancelar sus permisos de operación. Esta medida busca desarticular las redes de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes.

Convivencia y Revocación de Permisos

Con el fin de promover una convivencia armónica en los barrios, el SERMIG tendrá la facultad de revocar permisos migratorios a extranjeros que acumulen condenas reiteradas por faltas ante juzgados de policía local. Esto incluye:

• Ruidos molestos
• Riñas en la vía pública
• Comercio ambulante no autorizado

Nuevos Requisitos para la Nacionalización

La reforma también endurece las condiciones para obtener la nacionalidad chilena. El período de residencia legal requerido se incrementa de cinco a diez años. Además, los solicitantes deberán aprobar una prueba de conocimientos sobre la historia, la cultura y el ordenamiento jurídico de Chile. La normativa también introduce causales específicas para el rechazo o revocación de la nacionalidad en casos de delitos graves.

Protección a la Niñez Migrante

De manera destacada, el proyecto contempla la creación de protocolos específicos para la protección de niños, niñas y adolescentes migrantes en la zona fronteriza, asegurando que sus procesos de identificación y residencia sean gestionados por los Tribunales de Familia y el Registro Civil.

Luis Eduardo Thayer, director del SERMIG, expresó su satisfacción con la aprobación, destacando que «nos da más facultades para asegurar una migración ordenada y regular». Subrayó que la reforma «aumenta las causales de expulsiones» y permite «revocar permisos migratorios a quienes perjudiquen la convivencia en los barrios».